Los pactos sucesorios

Los pactos sucesorios

En la actualidad, la firma de pactos sucesorios se está volviendo una práctica habitual. Sobre todo en aquellas parejas que tienen hijos de matrimonios diferentes y desean garantizar que unos bienes concretos pasen a ciertos descendientes.

Pero ¿qué es un pacto sucesorio? Se trata de un contrato mediante el cual una persona se compromete antes de su fallecimiento a entregar a otras unos derechos o bienes tras su muerte. Este pacto debe ser formalizado a través de escritura pública y tiene carácter irrevocable excepto si los contratantes deciden modificarlo o deshacerlo ante notario.

En dicho pacto se pueden establecer condiciones, y también existe la posibilidad de entregar los bienes en el momento en que ha sido formalizado.

Para este pacto, debe existir un vínculo de parentesco entre las personas que lo firman. Así, estas personas son parejas de hecho, cónyuges, parientes ascendientes o descendientes y parientes de hasta cuarto grado. La familia política también puede constar en los pactos sucesorios, ya que puede suscribirse con parientes directos de la pareja o colaterales hasta el segundo grado.

La principal diferencia con el testamento es que mientras que los testamentos son unilaterales y el testador puede cambiar de opinión y formalizar un testamento nuevo que sustituya al anterior, los pactos sucesorios son contratos y, por tanto, constan de al menos dos firmantes. Por ello, sólo puede ser modificado o revocado si todas las partes que lo firmaron están de acuerdo en ello.

Este pacto sirve para dar al heredero una seguridad en cuando al cumplimiento de lo pactado, mientras que los testamentos no otorgan esta seguridad al no conocerse su contenido hasta el fallecimiento del testador.

El problema de los pactos sucesorios es que no son admitidos en toda España ya que sólo Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y Vizcaya lo permiten. Esto quiere decir que sólo los residentes en dichas provincias o Comunidades Autónomas pueden formalizarlos, y siempre que hayan residido allí por un periodo de dos años y declaren de manera expresa su deseo de acogerse a dicha vecindad o legislación, o no lo expresen pero el periodo de residencia haya sido de un mínimo de 10 años.