Los Poderes Preventivos como manera de evitar la incapacitación

Los Poderes Preventivos como manera de evitar la incapacitación

La Convención de Nueva York, de la que forma parte nuestro país, considera la declaración de incapacidad total una medida extremadamente severa que se debe tomar sólo en circunstancias excepcionales. Por tanto, para cumplir con ello se debe buscar una alternativa a la incapacitación o a la modificación de la capacidad de obrar a través de un procedimiento judicial.

Y existe, como alternativa, un recurso poco conocido pero que constituye la mejor manera de evitar la incapacitación. Se trata de los Poderes Preventivos.

Estos poderes se pueden otorgar a una tercera persona, que puede ser una persona física que será un familiar o alguien de confianza o una persona jurídica o fundación tutelar para representar a la persona. Esto lo hace la persona de manera voluntaria y consciente, mediante Notario, cuando se le diagnostica un trastorno cognitivo o enfermedad degenerativa, antes de que haya perdido su capacidad.

Hay varias opciones para otorgar los poderes preventivos. Una de ellas es otorgarlos a una persona que se responsabilizará de los aspectos patrimoniales y personales. Otra manera es nombrar a dos personas, una de las cuales se responsabilizará de los aspectos patrimoniales, mientras que de los personales se encargará la otra persona. Esta última opción es la recomendable para actos de tipo más delicado o complejo, de manera que se puede disponer que, por ejemplo, se requiera la firma de dos personas apoderadas a la hora de comprar o vender un inmueble.

La particularidad de los poderes preventivos es que a pesar de que se pierdan las facultades, éste continúa teniendo vigencia excepto si es revocado por un juez. Así mismo, la persona que lo otorga puede fijar medidas de control hacia quien ha nombrado apoderado, así como las causas que pueden dar lugar a extinguir los poderes preventivos.

Cuando los poderes preventivos se han otorgado ante Notario, queda inscrito en un registro especial de disposiciones no testamentarias. De esta manera, en un juzgado que tenga conocimiento de un proceso de incapacitación el Juez puede conocer, solicitándolo a dicho registro, si la persona afectada ha nombrado apoderados.

Esta alternativa no sólo es más económica que la incapacitación, sino que evita también tener que pasar por el proceso judicial necesario durante el cual se realizan exploraciones médico-forenses, reconocimientos judiciales, y vistas con la asistencia de familiares, lo que no es nada cómodo ni para el afectado ni para sus parientes.

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